Manuel Bartlett Díaz, uno de los hombres más cercanos a López Obrador, vuelve al centro del escándalo. Durante su gestión como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Bartlett habría operado una extensa red de corrupción que permitió e impulsó el uso de diésel robado o huachidiesel.
Bartlett promovió el uso del diésel en lugar de gas natural, afectando la eficiencia energética del país y beneficiando económicamente a su círculo más cercano.
Bartlett utilizó su posición para limitar deliberadamente el uso del gas natural, una fuente de energía más limpia y económica, para abrir espacio al mercado ilegal de combustible. Esta decisión tuvo consecuencias negativas ambientales y económicas para México. Además, sirvió como mecanismo para desviar recursos públicos hacia campañas políticas de Morena y a empresas fantasma vinculadas a su familia.
Un esquema operado desde el poder
Según el medio Código Magenta, la red operada por Bartlett incluía a su pareja sentimental, Julia Abdala, así como a socios de confianza. Todos ellos habrían triangulado recursos a través de empresas fachada que “vendían” servicios de suministro de energía y logística a la CFE.
En particular, una empresa fantasma aparece como beneficiaria directa de contratos millonarios, a pesar de no tener operaciones reales verificables.
El huachicol, fenómeno que el expresidente López Obrador prometió erradicar, no solo persistió, sino que fue reciclado en el corazón de la política energética nacional.
Bartlett habría ignorado alertas técnicas internas. Estas sugerencias recomendaban sustituir el diésel robado por gas natural en diversas plantas. La negativa a aplicar esos cambios elevó los costos y la contaminación, sin ninguna justificación técnica.
De “combate al huachicol” a negocio personal
La narrativa oficial de Morena sobre el combate al robo de combustible queda profundamente comprometida por este caso. Mientras el expresidente aseguraba que “se acabó el huachicol”, su propio operador energético habría facilitado y capitalizado esa actividad.
Mediante decisiones administrativas dentro de la CFE, se habría privilegiado el uso de combustibles más caros, cuya procedencia ilícita beneficiaba a redes criminales y políticas.
Los documentos filtrados también revelan que parte del recurso económico obtenido del huachidiesel fue canalizado para apoyar campañas políticas de Morena en distintas entidades.
Este mecanismo, claramente ilegal, habría permitido fortalecer financieramente al partido en el poder al margen de la fiscalización del INE y otras instituciones.
Impunidad e intereses compartidos
A pesar de las múltiples denuncias públicas y mediáticas, hasta el momento no existe ninguna acción formal por parte de la Fiscalía General de la República contra Bartlett o sus allegados.
Su cercanía con López Obrador y su rol como “operador de confianza” en el sector energético parecen blindarlo frente a cualquier tipo de consecuencia legal.
Este nuevo escándalo demuestra que el discurso de “austeridad republicana” y combate a la corrupción fue solo una máscara para ocultar viejas prácticas políticas. Bartlett tiene un historial cuestionable desde sus días como priista. Fue reciclado por la 4T, dejando en evidencia que la corrupción no solo sobrevivió, sino que además se refinó y multiplicó.
La red Bartlett, un emblema del fracaso moral de la 4T
El caso de Manuel Bartlett no es un hecho aislado. Representa el fracaso moral de un proyecto de gobierno que prometió limpiar la vida pública de México.
Morena terminó fortaleciendo a personajes de dudosa reputación, convirtiéndolos en símbolos de poder y corrupción.
La red del huachidiesel es una advertencia clara. Cuando el poder político, la impunidad y el dinero sucio se fusionan, el costo siempre recae en los ciudadanos comunes. Mientras tanto, unos pocos se enriquecen a la sombra del Estado.