El pasado 29 de mayo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó una lista de las llamadas “ciudades santuario” a manera de advertencia para futuras sanciones. Entre las ciudades en cuestión se encontraba especialmente Santa Fe, la capital de Nuevo México, misma que fue señalada como una de las jurisdicciones que, según el gobierno federal, “obstaculizaban la política migratoria al negarse a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)”.
En un comunicado del DHS, la secretaria de Seguridad Nacional (Kristi Noem) incluyó una lista de las consideradas “ciudades/jurisdicciones santuario” de Estados Unidos para advertirles sobre futuras sanciones en su contra.
Aunque la lista se borró de la página oficial del DHS debido a críticas generalizadas, según medios como Fox News, las posibles sanciones incluyen la suspensión o rescisión de fondos federales, así como la aplicación de medidas jurídicas y policiales por parte del Departamento de Justicia.
Si bien la lista ya no está disponible en canales gubernamentales, medios locales de Nuevo México (como KOB4) apuntan a Santa Fe y a Alburquerque como lugares especialmente señalados en la misma. Bajo la línea del comunicado ya citado, ambas ciudades y otros condados clave de la entidad podrían ser sujetos a dichas sanciones.
Por su parte, el DHS reiteró en su comunicado que “las jurisdicciones santuario deben revisar y modificar sus políticas migratorias por orden ejecutiva del presidente Trump”. Además, advirtió que las entidades “en riesgo” serán notificadas formalmente, y en el largo plazo, podrían enfrentar consecuencias legales si no modifican sus estatutos de colaboración con ICE.
En entrevista con KOAT Action 7 News, el director de comunicaciones de la oficina de la gobernadora Michelle Lujan Grisham, Michael Coleman, afirmó que la entidad mantiene su postura para proteger los derechos de los migrantes. En complemento, no descartó la “revisión” a la orden del DHS.
“Estamos en revisión de esta confusa lista federal, y estoy seguro de que muchos condados de Nuevo México podrían sentirse aludidos. Necesitamos explicaciones más claras de las autoridades federales para comprender plenamente las implicaciones”, declaró Coleman en su entrevista.
En complemento a lo anterior, Coleman aseguró que el estado continuará con la oferta de servicios esenciales a todos sus residentes, independientemente de su estatus migratorio. Además, reafirmó que la administración estatal vigente se opondrá a cualquier intento de recortar fondos federales como represalia por sus políticas.
Según puntualiza la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), Nuevo México cuenta con leyes “amigables” para los migrantes, independientemente de su respectivo estatus. En otras palabras, se considera “entidad Santuario” debido a las siguientes legislaciones vigentes: