Dos días después de los violentos incidentes ocurridos frente al Congreso durante la marcha de jubilados, el Gobierno presentó este viernes una denuncia por sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada. Se señala a dos intendentes kirchneristas y a un dirigente vinculado al sindicalista Luis Barrionuevo como presuntos responsables.
Según el texto, los manifestantes se habrían concentrado en esos municipios antes de acudir a la Plaza de los Dos Congresos, y se sostiene que los intendentes financiaron la marcha. Además, la denuncia señala que la movilización tenía la intención de «provocar disturbios» y enfrentar a la policía.
En la denuncia de 10 páginas, el Gobierno también solicitó que se aparte de la causa a la jueza Karina Andrade, quien, horas después de los incidentes, ordenó la liberación de 114 detenidos.
Y se apunta específicamente contra los intendentes de La Matanza, Fernando Espinoza, y de Lomas de Zamora, Federico Otermín. El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, los vincula con la organización de la movilización que desencadenó los disturbios.
Presentación del Gobierno apunta a intendentes por organizar disturbios y desafiar a la policía
Según la denuncia, la organización de la movilización, que según varios medios de comunicación tenía como objetivo «provocar disturbios» enfrentando a la policía y generar «represión», implicaría la participación de los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora.
Al justificar la solicitud de apartar a la jueza, la denuncia señala que hubo un «grave incumplimiento de las normas procesales penales vigentes» debido a la liberación de todos los detenidos.
La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad, también destaca que se está evaluando la posibilidad de presentar cargos por prevaricato y violación de los deberes de funcionarios públicos, con una denuncia formal ante el Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Además, solicita que se declare la incompetencia del tribunal mediante el sistema de «inhibitoria procesal«, argumentando que los hechos investigados están directamente relacionados con los delitos denunciados.
El texto menciona que, según publicaciones en medios periodísticos, se habría informado que grupos organizados pagaron $50.000 a los participantes de la movilización para «provocar disturbios enfrentando a la policía y generar represión».
El Gobierno denuncia financiamiento y participación de barrabravas
La denuncia también menciona que se recibieron varios llamados en la línea 134, donde personas informaron haber reconocido a barrabravas de diferentes clubes, como Tigre y Nueva Chicago, durante la movilización.
Estos individuos, conocidos por asistir a partidos de fútbol, habrían mantenido contacto constante con políticos presentes en el evento, los cuales habrían participado de manera organizada y con armas.
El informe también describe los daños sufridos por patrulleros y motos policiales, así como las heridas de los agentes. La denuncia, firmada por Fernando Soto, director de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos del Ministerio de Seguridad, menciona la agresión al fotógrafo Pablo Grillo, quien se encuentra en estado grave debido a una fractura de cráneo ocasionada por un proyectil de gas lacrimógeno.
También se hace referencia a la jubilada que fue captada en un video, donde se muestra su caída al suelo después de ser golpeada por un agente (presumiblemente un palo).
La denuncia precisa que «el fotógrafo Pablo Grillo, que se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía, fue herido en su cabeza aparentemente por un proyectil de gas lacrimógeno que habría sido lanzado con trayectoria horizontal desde una distancia alejada del lugar donde se encontraba el fotógrafo, que estaba ubicado detrás de un objeto incendiado, en el cruce de los proyectiles que arrojaban las personas violentas que estaban detrás suyo».
Respecto de la jubilada: «Hay grabaciones de video donde se observa a una mujer mayor de edad que con un objeto contundente (aparentemente, un palo), golpeaba por detrás reiteradamente a un policía que giró para defenderse de la agresión, y luego esa mujer cayó al suelo. La señora fue trasladada a un hospital, pero enseguida fue dada de alta».