Para el presidente de la República, Gustavo Petro, el jueves 23 de enero de 2025 no es un día cualquiera: y todo porque se cumplen 900 días desde que el líder de izquierda asumió el poder, el 7 de agosto de 2022. Aunque el balance, a juzgar por la citación actual del país, sea desesperanzador, sobre todo en materia de orden público, pues el auge de los grupos armados ilegales pasó de ser una amenaza a una cruda realidad, que tiene en jaque regiones como el Catatumbo, en Norte de Santander; Cauca, Nariño, Antioquia y el Piedemonte llanero, por citar los casos más preocupantes.
La Paz Total, una de las promesas del primer mandatario, que pretendía poner fin con estructuras armadas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, y de paso, organizaciones como el Clan del Golfo (también llamado Ejército Gaitanista de Colombia, EGC), se diluyó en medio de procesos inconclusos, que hoy están lejos de reactivarse. En especial, en lo que respecta con el ELN, cuyos miembros negociadores, otra vez, están en la mira de los entes de justicia, tras revocarse la suspensión de sus órdenes de captura.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
Y es que en el mismo día en que el jefe de Estado emitía en sus redes sociales sus conclusiones de la sorpresiva -y, para algunos, indignante- visita a Haití, en medio de la delicada situación de orden público en Norte de Santander, en Silvia, Cauca, tanto disidentes como el ELN sometían a la población a feroces combates, como lo denunció en sus redes sociales la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático. “¿Y el gobierno Petro? Bien, gracias…“, comentó la congresista, que no ocultó su indignación por esta arremetida de los grupos armados y lo que sería la inoperancia de las Fuerzas Armadas.
En medio de este preocupante panorama, el jefe de Estado, salió en un extenso mensaje a culpar al ELN de esta realidad en el Catatumbo y otras zonas del país. Y los acusó de querer el control del territorio para “convertirse en carta de negociación internacional y para enriquecerse con la cocaína”, por lo que anunció que, “por soberanía nacional” este grupo guerrillero debe ser derrotado, así como cualquier otra fuerza ilegal que tenga sus mismos fines.
E insistió en que la presencia militar colombiana en el Norte de Santander y Arauca, al igual que la militar venezolana en la frontera, deben ser acompañadas de lo fundamental. “El triunfo no está solo en el fusil, está en una verdadera justicia social, en abrir las oportunidades del progreso en las regiones excluidas del país”, indicó Petro en su extenso mensaje, en el que se refirió al pacto social como una deuda con las regiones azotadas por la violencia, justificó la declaratoria de conmoción interior de su Gobierno y, como si fuera poco, le dio sentido a su polémico desplazamiento al país centroamericano.
Sin embargo, en otros frentes, no solo el de seguridad, tienen en entredicho al actual Gobierno. También en materia económica, pues habría por pagar $30 billones, como parte del desfase que tendría el Ejecutivo por cuenta de lo que, para congresistas opositores, es sin duda un mal manejo de las finanzas. Como lo indicó en la jornada del 23 de enero, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que no dudó en enfilar baterías contra el mandatario.
“Estamos gobernados por un irresponsable y un grupo de incompetentes. Dirán que esto es porque no se aprobó su nefasta reforma tributaria, la realidad es que no tienen capacidad para administrar un país”, afirmó el senador, que se unió a otras voces que hacen eco de los problemas de recursos para cumplir con las obligaciones pactadas en el funcionamiento del Estado, y que están pendientes por saldarse.
En desarrollo…