La convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso desde el 20 de enero incluyó en el temario el proyecto conocido como “ley antimafias”, entre otras iniciativas reaccionarias como la reforma electoral antidemocrática. La Cámara de Diputados ya le otorgó media sanción en octubreal proyecto impulsado por Patricia Bullrich y el oficialismo, bajo el pretexto de combatir el crimen organizado.
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Este proyecto, conocido como «antimafias», utiliza un término engañoso, ya que las verdaderas mafias suelen negociar y mantener acuerdos de convivencia con el Estado, como lo que está ocurriendo actualmente en Rosario.
Entre los puntos más polémicos del proyecto se encuentra una definición amplia y vaga de “mafia”, la inclusión de una lista extensa de delitos considerados «especialmente graves» —que van desde homicidios hasta el tráfico de influencias— y la ampliación de facultades represivas para las fuerzas de seguridad y el aparato judicial. No es un detalle menor que, en consecuencia, consolide ser un riesgo para las libertades democráticas, al facilitar la persecución de opositores políticos y activistas.
El Frente de Izquierda, a través de sus legisladores y referentes, ha denunciado que esta iniciativa no está orientada realmente a combatir el crimen organizado, sino a fortalecer el aparato represivo del Estado. Christian Castillo, diputado nacional por el PTS en el FIT-U, expresó: “Es obsceno como gobiernan, para un puñado de especuladores y multimillonarios. Joden al pueblo y votan leyes autoritarias para que no se pueda protestar». Junto a Nicolás del Caño, denunciaron en el recinto que no es más que una excusa para empoderar a fuerzas de seguridad que, en muchos casos, tienen vínculos con las mismas mafias que dicen combatir, así como la falta de medidas reales para desmantelar las estructuras mafiosas.
Entre los puntos más preocupantes de esta iniciativa se encuentran:
Esta definición podría abarcar no solo a redes delictivas como las de narcotráfico o trata de personas, sino también a organizaciones legítimas como clubes, centros culturales, agrupaciones políticas y sindicales. Esta ambigüedad permitiría que cualquier entidad que tenga algún tipo de vínculo, aunque sea indirecto, con personas acusadas de delitos sea tratada bajo la misma categoría penal que las mafias, enfrentando penas de prisión de entre ocho y veinte años.
Como señaló el diputado Castillo, si esta ley hubiera estado en vigor hace tres meses, las 33 personas detenidas de manera irregular durante la movilización contra la Ley Bases podrían haber enfrentado cargos bajo esta normativa.
En un contexto de creciente desigualdad y conflictividad social, medidas como esta no hacen más que profundizar la violencia desde el Estado a los sectores populares, que son quienes más sufren las consecuencias de estas políticas represivas. Promovidas por figuras como Javier Milei y Patricia Bullrich, representan un retroceso en términos de libertades democráticas y derechos humanos.
Ahora el proyecto quedó habilitado para su tratamiento en el Senado en sesiones extraordinarias. Pero aún si no se llegara a tratar en este plazo especial, la Cámara Alta podrá retomarlo bajo sesiones ordinarias durante 2025 para darle sanción definitiva.
Es necesario advertir y difundir los peligros de esta ley, que no solo refuerza la capacidad de represión estatal, sino que se enmarca dentro de una agenda más amplia que criminaliza la protesta social. Como fue la reciente represión en Orán, Jujuy, dondelas fuerzas represivas mataron a Fernando Gómez, un trabajador bagayero que protestaba por mantener su fuente de ingresos. En un contexto donde las fuerzas de seguridad ya actúan con discrecionalidad y abuso, otorgarles más poder solo puede traducirse en mayor violencia estatal hacia las mayorías trabajadoras y populares.