En las últimas horas, la Justicia porteña decidió imputar a cinco policías en la causa que investiga las posibles connivencias o negligencias de la fuerza porteña en la fuga de la Alcaidía 9 de Liniers ocurrida el lunes pasado, con 17 delincuentes que ganaron las calles.
La decisión fue tomada por la fiscal Lorena San Marco, que inició la investigación por orden del fiscal general Juan Bautista Mahiques. San Marco encabeza la FEVIIP, el área del Ministerio Público Fiscal porteño que se dedica a investigar hechos de violencia institucional y faltas en la integridad policial.
Los policías acusados, cuyos nombres, rangos y funciones no trascendieron, fueron imputados en los términos del artículo 281 del Código Penal que establece que “será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, y si fuere funcionario público, sufrirá, además, inhabilitación absoluta por triple tiempo”.
El hecho, de notables repercusiones políticas, precipitó la decapitación de la Policía de la Ciudad, con la expulsión de Pablo Kisch y Horacio Azzolina, jefe y subjefe de la fuerza, decidida por el ministro Waldo Wolff.
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