El 19 de diciembre de 2001 es una fecha clave en la historia reciente de Argentina. Constituye la primera de las jornadas revolucionarias que llevó a la caída del gobierno de Fernando de la Rúa. En la noche de aquel día, ante la creciente resistencia social, el presidente radical había declarado el estado de sitio. La respuesta fue masiva y en las calles, iniciando con cacerolazos en todo el país, que luego se convirtieron en movilizaciones.
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Precedentes de la rebelión
El estallido social de diciembre de 2001 estuvo precedido por una aguda crisis económica. La misma estaba definida, entre otros factores, por una recesión prolongada, una deuda externa insostenible y un sistema financiero que estaba al borde del colapso. La crisis de la convertibilidad –paridad por ley entre el peso y el dólar- se extendía en el tiempo desde hacía por lo menos 5 años, desde el gobierno de Menem.
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Esa precaria situación se sostenía, al mismo tiempo, con una represión brutal destinada a garantizar el ajuste. De la Rúa venía implementando políticas de ajuste fiscal, que incluyeron durísimos recortes en el gasto público, con ajuste a jubilados, jubiladas y trabajadores estatales. Al mismo tiempo, implicaba aumentos en los impuestos, agravando la situación social.
La represión había iniciado temprano en aquel gobierno, casi al mismo tiempo de la asunción de De la Rúa, con el asesinato de dos manifestantes y decenas de heridos ocurridos en el puente Belgrano, que une Resistencia a Corrientes. Había continuado a lo largo de los dos años que duró ese gobierno, mostrando lo profundamente antipopular del ajuste ejecutado.
Esa represión era la respuesta a un proceso de resistencia, que se extendía desde los últimos años del menemismo. Ese proceso había incluido cortes de rutas, paros nacionales, rebeliones de distinto tipo en las provincias, enormes luchas del movimiento estudiantil y otros procesos de lucha. Se había iniciado a mediados de los años 90 en distintas provincias y se había extendido a nivel nacional, con repercusiones crecientes en el centro político del país desde el 2000.
Los saqueos y el corralito
Un factor clave en esa rebelión de diciembre de 2001 lo conformó el corralito, una medida de incautación de los ahorros bancarios de millones de personas decidido por el Gobierno de De la Rúa. Su ministro de Economía era Domingo Cavallo, uno de los ídolos de Milei.
Cavallo había sido designado ministro en una situación de crisis aguda, buscando asegurar al capital financiero internacional la continuidad de los pagos de la deuda pública. En aquellos años, durante la gestión de De la Rúa, se intentaron diversos mecanismos financieros -como el llamado «Blindaje» y el megacanje- destinados a capear una crítica situación financiera. Sin embargo, los mismos fracasaron y, al mismo tiempo, trajeron aparejados ataques muy importantes contra el movimiento de masas.
El plan de Cavallo, que presentó un programa de Déficit Cero, implicaba un ajuste sobre jubilados, jubiladas, trabajadores y trabajadoras estatales. Implicaba recortes en las partidas del gasto público destinados a Salud, Educación y otros rubros. Eso profundizaba la recesión.
En ese escenario crítico, ante la negativa del FMI de seguir financiando el endeudamiento del Estado nacional, el corralito apareció como un mecanismo destinado a contener la crisis del sistema financiero. Sin embargo, paralizó aún más una economía ya golpeada por la informalidad y la recesión.
La crisis social se hacía sentir profundamente desde tiempo antes. En los días previos se habían producido saqueos en distintos puntos del país, protagonizados por miles de personas que se encontraban en situación de hambre. Esa entrada en escena de los sectores más golpeados por la crisis constituyó parte de esas jornadas revolucionarias. Fue lo que podría ser definido como su “primer episodio”.
Divisiones en la clase capitalista
Aquella rebelión se dio en un marco signado por la crisis y divisiones que existían al interior de la clase dominante. Ante el estancamiento económico producto de la convertibilidad, el gran empresariado se había dividido entre un sector que propugnaba salir de ese esquema por medio de una devaluación y otro sector –ligado al mercado financiero internacional- que empujaba por una salida mediante la dolarización.
La rebelión popular impuso una salida obligada del esquema de la convertibilidad. El sector del gran capital más ligado al mercado interno impuso una salida mediante la devaluación, que implicó un ataque brutal al salario de la clase trabajadora. La CGT y los sectores sindicales burocráticos del peronismo apoyaron esa salida, que implicaba descargar la crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
La clase trabajadora en el 2001
Al mismo tiempo, la resistencia al ajuste también contaba la participación de la clase trabajadora. El 13 de diciembre de 2001 la CGT había protagonizado un enorme paro nacional. El escenario, sin embargo, era complejo para la clase trabajadora, marcado por una fuerte desocupación que, si bien había permitido el desarrollo del movimiento piquetero combativo, ponía límites a la respuesta obrera.
Un sector de la dirigencia sindical burocrática, encabezada por Camioneros y el MTA (Movimiento de Trabajadores Argentinos) había enfrentado limitadamente el ajuste en los últimos del gobierno de Menem. Esa ubicación había continuado durante la gestión de De la Rúa. Sin embargo, el objetivo de la dirigencia peronista nunca fue que la clase trabajadora pudiera dar una salida propia a la crisis. Por eso avaló el plan devaluacionista impulsado por la UIA y otros sectores del gran empresariado.
En aquellas jornadas la clase trabajadora no pudo intervenir con una orientación política y un programa independiente. La izquierda trotskista, que levanta un programa de independencia de clase, no tenía la fuerza suficiente para intentar orientar en una dirección que permitiera una salida de la crisis en interés del pueblo trabajador.
Aun así, con esos límites, el 2001 constituyó una rebelión popular que enterró el ajuste neoliberal y cambió la relación de fuerzas social y política. Los cambios políticos posteriores en la política estatal son inexplicables sin esa rebelión.