Cansada de las maniobras del Gobierno para esquivar el Congreso, la oposición ensaya diferentes mecanismos para obligar a funcionarios a comparecer y dar explicaciones por el caso $Libra. Este martes, la Comisión Investigadora en Diputados por la presunta criptoestafa aprobó pedir autorización judicial para citar a declarar por la fuerza pública al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik, y a la funcionaria del Ministerio de Justicia responsable de la Unidad de Investigación creada por el propio Gobierno María Florencia Zicavo, quienes se ausentaron de manera “injustificada” a las citaciones previas.
“Surge de manera evidente que la Cámara de Diputados ha duplicado de manera exacta el objeto de una investigación penal en trámite ante el sistema de justicia penal federal y, por consiguiente, se ha inmiscuido en las atribuciones constitucionales reconocidas al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal”, argumentó Zicavo en su escrito. Los diputados señalaron que, al haber dos inasistencias consecutivas por parte de Zicavo y Melik, ya es momento de que actúe el juez de turno.
El mismo camino podría repetirse con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien había sido convocada para este martes, pero faltó por el viaje a Nueva York del presidente Javier Milei. La funcionaria todavía tiene una última posibilidad para presentarse voluntariamente a declarar ante el Congreso el próximo martes 30 de septiembre, pero si eso no sucede los diputados recurrirán a la Justicia.
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Otros de los que se ausentaron con una excusa similar fueron el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, y de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paulo Starc. A ambos también se les reiteró el llamado para la semana que viene.
En caso de concretarse esas asistencias, el desfile será largo, dado que la Comisión Investigadora sumó este martes a la convocatoria al ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, al exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales y a otros de los involucrados en el lanzamiento de $Libra, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
Sin embargo, hasta ahora, ningún funcionario libertario mostró voluntad para colaborar como testigos con el trabajo que lleva adelante la comisión investigadora que preside Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), luego de que la oposición lograra destrabarla tras meses de parálisis.
«Hace apenas una semana el vocero presidencial aseguró públicamente que el Gobierno prestaría toda la colaboración al Congreso para demostrar que son un Gobierno honesto y que todos los funcionarios iban a contestar y responder las requisitorias que se les hicieran», expresó en la reunión Ferraro, relató Parlamentario. «Sin embargo, la realidad muestra lo contrario: llevamos casi un mes desde que se destrabó la investigación y no han colaborado de ninguna manera«, continó.
«El Gobierno debe entender que esto no es un juego ni un show: es una investigación seria y hay deberes constitucionales y legales que deben cumplirse. Si los funcionarios insisten en incumplirlos, deberán atenerse a las consecuencias de sus actos», concluyó Ferraro.
El fiscal Taiano también pone trabas: le niega el acceso al expediente judicial al Congreso
El fiscal Eduardo Taiano les negó a los diputados de la comisión investigadora por la estafa $Libra el acceso a la causa que él mismo investiga. La decisión se la hizo saber a Ferraro, a quien le envió un oficio en el que le contestó: «Le hago saber que no será factible hacer lugar a lo peticionado, toda vez que está vedado por lo establecido en el artículo 204, último párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación».
Por esa razón, los diputados que integran una subcomisión de enlace con el Poder Judicial (Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, Sabrina Selva de Unión por la Patria, Mónica Frade de la Coalición Cívica, Fernando Carbajal de Democracia para Siempre y Yolanda Vega de Innovación Federal) solicitaron una audiencia con el procurador general Eduardo Casal para que les habilite el acceso al expediente judicial.
LM/ML