La Justicia Federal le prohibió este martes al Gobierno que lleva a cabo las modificaciones que anunció para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el cual se iba a convertir en un organismo sin autonomía.
La decisión fue tomada por la jueza Martina Isabel Forns, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín. Fue en respuesta a un escrito presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
En este sentido el titular del mencionado sindicato, Rodolfo Aguiar, pidió que “se declare la nulidad e inconstitucionalidad de esa medida, porque constituye una desviación de poder que ocultaría una disolución, desfederalización, y vaciamiento del instituto».
Por este motivo, desde ATE reclamaron “que se declare la ilegitimidad de cualquier acto administrativo que pretenda disolver, transformar o intervenir el INTI, por carecer de habilitación legal y vulnerar principios constitucionales como la legalidad, la división de poderes, la reserva de ley, la libertad sindical y la estabilidad del empleo público”.
A su vez, en el escrito se cuestionó “la constitucionalidad de la Ley 27.742 (Ley Bases) y del Decreto 462/2025, que dispondrían la disolución del INTI, eliminando su autarquía y conducción colegiada, en contradicción con su norma de creación aún vigente”.
A inicios de julio el Gobierno oficializó el decreto que ordenaba la serie de modificaciones para llevar a cabo dentro del organismo oficial.
Con un presupuesto de $ 85.000 millones, el INTI dejará de ser un órgano autárquico para convertirse en una unidad de la Secretaría de Industria y Comercio bajo la coordinación de Pablo Lavigne, quien esta semana estuvo reunido con Sturzenegger y Caputo en el quinto piso de Economía.
Al igual que en el INTA, el plan es que la cartera de Caputo maneje en forma directa el presupuesto del organismo, reduzca el gasto administrativo y elimine personal.
El futuro del INTI fue motivo de discusión en la junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). Los empresarios analizaron el «rol estratégico» que debería cumplir y coincidieron en la necesidad de contar con instituciones públicas «eficientes», siguiendo el modelo alemán, español o brasileño.
En rigor, hay sectores que desearían participar de la reestructuración y la dirección del instituto, hoy presidido por Daniel Afione -un exejecutivo de Toyota que es visto casi como propio en la central fabril-.
Pese a las diferencias sobre la apertura de importaciones y el dólar planchado, la entidad empresaria comparte con el gobierno la idea de «barrer a los politizados». Pero no están convencidos del plan de Sturzenegger de que las empresas aporten fondos para financiar la «alianza público privada». «Motosierra está más entusiasmado en tirárselo por la cabeza a la UIA para que se haga cargo y en UIA nadie quiere hacerse cargo de un paquete cerrado», señaló un industrial.
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