El gobierno de Javier Milei ingresó en una cuenta regresiva. A partir del próximo martes, es decir desde el 8 de julio, se vencen las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo y, contra reloj, comenzó a planificar las reformas pendientes. Al mismo tiempo analiza qué tipo de acuerdos puede cerrar con los gobernadores para que el Congreso no se convierta en terreno totalmente adverso de ahora en adelante.
En el oficialismo minimizan el impacto de gobernar sin las facultades delegadas consagradas en la ley Bases, que fue aprobada por las dos cámaras del Congreso en junio de 2024. Normativa que le permitió al Poder Ejecutivo legislar vía decretos en cuatro áreas específicas declaradas en emergencia: la administrativa, la económico-financiera y la energética.
Con estos poderes Milei echí a 52.340 empleados públicos y cerró decenas de áreas
Esto no les gusta a los autoritarios
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Para el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, cuyo titular es Federico Sturzenegger, el trabajo de reformas más importante ya se realizó y sin la necesidad de recurrir a la potestades con las cuales contó el Poder Ejecutivo. Específicamente, señalan que las facultades delegadas alcanzan solo al 5% de las desregulaciones que se materializaron en el último año.
Según pudo saber PERFIL, la cartera del extitular del Banco Central durante la era Macri prepara un informe en el cual se detallarán los ajustes que logró implementar. Dicen que no fueron pocos. En ese documento, que será presentado en las próximas 48 horas, figurarán las intervenciones en la Agencia Federal de Inteligencia, en los organismos descentralizados, las leyes que sufrieron cambios (como la ley de Alquileres), la venta de inmuebles del Estado, los trámites que se iniciaron para ejecutar privatizaciones (como en el Belgrano Cargas e Intercargo, por ejemplo) y la reforma del régimen del empleo público.
El drástico achique en la planta del personal estatal es motivo de orgullo para la gestión Milei. Los números que relevó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) dicen que desde noviembre de 2023 a mayo de 2025, entre despidos y la negativa a renovar contratos, hay 52.340 empleados en la calle, lo que implica una caída del 15,2% del empleo público. El recorte recayó sobre todo en empresas y sociedades del Estado, organismos y entes descentralizados y en la administración centralizada, el conjunto de dependencias que integran el Poder Ejecutivo.
Pero para Sturzenegger este combo no es suficiente y promete que la motosierra contra el Estado continuará mediante decretos, disposiciones y resoluciones. No obstante, las facultades delegadas continuarán en escena para implementar nuevos cambios en las próximas 48 horas.
Si bien existe hermetismo y los funcionarios evitan adelantar datos sensibles, en las horas que quedan de facultades delegadas habrá ajustes en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), se consagrará la fusión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), y se reducirá al menos a la mitad la Dirección Nacional de Vialidad. Todo bajo el argumento de eliminar funciones y estructuras que, desde la visión oficial, “están duplicadas”.
El área de Sturzenegger prepara un informe en el cual se detallarán los ajustes que logró implementar.
La reestructuración de Vialidad, que cuenta con fuertes protestas del sindicato de trabajadores viales, va a incrementar la tensión que posee la gestión libertaria con los gobernadores. Los mandatarios provinciales están pidiendo que el Estado se haga cargo de la reparación y/o mantenimiento de las rutas nacionales mientras el oficialismo ya se ocupó de desfinanciar el área y evalúa seguir ajustándola. Los dirigentes del interior ya propusieron, en Casa Rosada, obtener fondos para ocuparse de las rutas por medio del reparto de los ingresos del impuesto a los combustibles líquidos. Pero no hubo respuestas. El último en hablar de la controversia fue Gustavo Sáenz, gobernador salteño. Le advirtió a Milei: “No puede seguir mirando para otro lado”. Lo dijo después del acuerdo de todos los mandatarios, con distinto origen político, para presentar dos proyectos de ley que el oficialismo no puede frenar.
Ambos proyectos buscan conseguir la distribución de los Aportes al Tesoro Nacional y que dejen de pisar la recaudación del impuesto a los combustibles, que va precisamente a Vialidad.
Por eso, el vínculo con los mandatarios transita su peor momento. Hay reclamos no correspondidos y apuestas electorales por parte de cada provincia. Cada falta de respuesta de Balcarce 50 crispa a cada gobernador. Dicen que el vínculo está roto. En el oficialismo reconocen que es un desafío recomponerlo para que no existan sobresaltos, pero no muestran (o no tienen) una hoja de ruta.
Fuertes críticas internas
Fuentes libertarias dicen que no fue una buena idea lanzar la consigna “pintar el país de violeta”, una idea atribuida a Eduardo y Martín Menem en tándem con la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Las figuras de LLA buscan que el partido tenga su propia opción electoral en cada distrito y están dispuestos a desafiar a cada gobernador en su territorio.
Mientras hay otra ala del oficialismo, que tiene al asesor Santiago Caputo a la cabeza, que no pretende chocar con cada mandatario. La consecuencia de los combates se puede ver reflejada en el Congreso, con una oposición dura encarnada por el kirchnerismo que avance en acuerdos con ciertos legisladores que responden a gobernadores, y esa alianza no solo garantice leyes contrarias a los deseos de Milei: sino que además LLA no pueda garantizar el blindaje a los vetos del Presidente a esas iniciativas. Para ese problema en la Rosada todavía no encuentran antídoto, y el tiempo corre tan rápido como los últimos días de facultades delegadas.