Tras haber cerrado 2024 con una reducción del 36% en dólares en los subsidios tarifarios destinados a los servicios de luz y gas; el Gobierno de Javier Milei prevé seguir acentuando esa baja en 2025 con otro recorte en los aportes estatales que rondaría el 30%.
De acuerdo con los números de la consultora Economía y Energía (EyE), los subsidios energéticos que en 2023 habían trepado a u$s9.683 millones, registraron el año pasado una caída de u$s3.526 millones y alcanzaron un total de u$s6.157 millones.
Ese descenso se basó básicamente en cuatro motivos: una mayor disponibilidad de gas local que ayudó a reducir las importaciones más caras; un marcado ajuste en las tarifas de luz para los hogares del orden del 268% promedio y de más de 500% para comercios e industrias; una fuerte recomposición de la tarifa gasífera que escaló a un promedio del 531% y un significativo recorte en los cupos de los consumos subsidiados de los usuarios residenciales de bajos recursos y clase media.
Tarifas: Luis Caputo volverá a recortar el gasto en subsidios energéticos en 2025
Para este año, el ministro de Economía, Luis Caputo tiene como meta volver a recortar el gasto en subsidios energéticos entre u$s1.800 millones y u$s2.000 millones con una profundización de las medidas tarifarias adoptadas en 2024 más el agregado de dos créditos de organismos internacionales orientados a cubrir parte de los desembolsos destinados a los hogares más vulnerables del AMBA.
Para alcanzar ese objetivo, la administración libertaria tiene en carpeta llevar adelante una sustancial modificación en el actual esquema de segmentación tarifaria que encuadra a los hogares de altos ingresos (N1), de bajos recursos (N2) y de sectores medios (N3).
Los N1 pagan actualmente el 93% del costo real de energía eléctrica y el 85% del valor del gas. En tanto, los N2 abonan, hasta determinado nivel de consumo, el 26% del costo del suministro eléctrico y el 31% del gas. Por su parte, los N3 afrontan en sus boletas el 41% de la energía eléctrica y el 38% del valor del gas.
La intención oficial es achicar los niveles de subsidios y recortar los bloques de consumos bonificados que tienen los N2 y N3. En el servicio eléctrico, la cantidad de usuarios residenciales encuadrados en esos dos segmentos asciende a 9,5 millones, sobre un total a nivel nacional de 16,2 millones. En el caso del servicio gasífero, los N2 y N3 totalizan 5,3 millones sobre un padrón nacional de 9,5 millones de hogares.
En la nueva configuración tarifaria solo quedarían dos categorías de usuarios residenciales: los que pagarán las tarifas plenas de luz y gas sin ninguna clase de ayuda estatal y los hogares socialmente vulnerables que tendrán subsidios focalizados.
El nuevo régimen de «ayudas económicas focalizadas» forma parte de la «reestructuración de los subsidios energéticos» que la gestión libertaria fijó como hoja de ruta a mediados del año pasado mediante el decreto 465/24. Esa «norma marco» establece una «transición gradual, ordenada y previsible hacia un esquema que permita trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado».
Los préstamos disponibles que usará el Gobierno
Para implementar los cambios de fondo en el sector eléctrico, el Gobierno contará con dos créditos específicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y del Banco Mundial, oficializados hace un mes, que contemplan un desembolso total de u$s1.200 millones a lo largo de cuatro años.
Los dos préstamos -cuyos contratos fueron aprobados por medio de los decretos 1041 y 1052/23- tienen como fin apuntalar el denominado «Proyecto de Apoyo a la Transición hacia un Sector Eléctrico Sostenible en Argentina».
La línea crediticia del BID es por u$s700 millones y tiene como objetivos «apoyar la asequibilidad del servicio eléctrico para los hogares vulnerables en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y fortalecer las capacidades institucionales, para la sostenibilidad del sector eléctrico».
La asistencia comprende un desembolso dividido en tres etapas para la realización de estudios técnicos de consultoras privadas, la definición de medidas de fortalecimiento institucional del sector y la cobertura de los nuevos «subsidios eléctricos focalizados» para los usuarios residenciales de menores ingresos de la región metropolitana».
Los fondos serán desembolsados entre 2025 y 2028 y plazo de repago será de 25 años mediante cuotas semestrales consecutivas que comenzarán desde mediados de 2030.
En tanto, el préstamo en juego del Banco Mundial es por un total de u$s500 millones y está destinado a dos objetivos: «El desarrollo de capacidades e instrumentos para fomentar la sostenibilidad en el sector eléctrico y el financiamiento de los subsidios racionalizados para usuarios con criterios de elegibilidad validados».
El crédito contempla la contratación de consultoras privadas para que el Gobierno pueda «mejorar la gestión y evaluación de los subsidios; centralizar la información de diferentes fuentes y registros de datos (como el RASE, el SINTyS y reguladores provinciales); abordar brechas de información relevantes para el otorgamiento adecuado de subsidios y elaborar iniciativas optimizadas y eficientes del uso de energía».
Entre tareas, los fondos serán utilizados para «para identificar y definir hogares de bajos ingresos a ser protegidos contra mayores incrementos en las tarifas; llevar a cabo estudios de distribución geoespacial de diferentes categorías de hogares; mejorar el desarrollo de subsidios energéticos a través de transferencias de efectivo y capturar la percepción social de la reforma de subsidios».
La letra chica del contrato con el Banco Mundial establece que el repago del préstamo comenzará en diciembre 2031 y se extenderá hasta junio de 2056, cuando se cancele la última cuota.