El fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, anunció este viernes en Caracas que el gendarme argentino, Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela cuando cruzó por tierra desde Colombia el pasado 8 de diciembre, está acusado y procesado «por vinculación a acciones terroristas en ese país».
La información fue anunciada mientras la familia de Gallo se reunía con Patricia Bullrich y Gerardo Werthein. La familia Gallo, oriunda de Catamarca al igual que el Gendarme, está acompañada en el ministerio de Seguridad por el gobernador Raul Jalil.
Es la primera información oficial del régimen de Nicolas Maduro sobre la situación de Nahuel Gallo desde que el segundo hombre fuerte en el la línea del chavismo, Diosdado Cabello, dijera que habia sido detenido por entrar a ese país a «cumplir una misión», insinuando espionaje. Fue a los pocos días de que se supiera que había desaparecido. Y luego de que el presidente Milei acusara a Maduro de «criminal dictador» por lo que llamó el «secuestro» del gendarme, apareció el canciller Yvan Gil insinuando la primera acusación contra el joven de «terrorismo».
«Habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes según lo prevé el Código Orgánico Procesal Penal, el Ministerio Público informa que el Sr. Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental», arranca el comunicado que difundieron
Luego agregan las acusaciones en su contra: «En tal sentido dicho ciudadano se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron desde nuestro territorio y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas».
«El precitado imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales», sostienen.
Luego ageragan críticas al Gobierno de Javier Milei: «Las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino, utilizando a los familiares del procesado, así como la resolución judicial tomada por la Cámara Federal de Mendoza, dejan clara la complicidad de las autoridades de esa Nación en los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano y a sus instituciones legítimas».
Y cierran: «Esta Fiscalía, así como todos los Poderes Públicos, nos mantenemos firmes en el supremo deber de preservar y defender la paz, la soberanía y el principio de autodeterminación de los pueblos, como pilares fundamentales sobre los cuales se erige nuestra República».